Sin lugar a dudas, cuando uno escucha el eslogan con el que concluyen todos los mensajes publicitarios del Órgano Ejecutivo: “Un gobierno con sentido humano”, o le da risa o le despierta cierta ira.
Y es que un gobierno que trabaje con sentido humano, difícilmente permitirá que aumente la pobreza en su país, salvo que, lógicamente, ocurran catástrofes como grandes inundaciones, sequías o terremotos. Estos eventos no han ocurrido en El Salvador en los últimos años, no obstante, la pobreza ha aumentado.
Según una investigación a cargo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), denominada “Alzas de precios mercados e inseguridad alimentaria y nutrición en Centroamérica”, el número de pobres en El Salvador aumentó en 104 mil.
Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples”, de la Dirección de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), en 2006 El Salvador contaba ya con 2 millones 149 mil 926 personas pobres.
El incremento tiene a la base, por supuesto, la falta de políticas alimentarias de los distintos gobiernos de ARENA, incluyendo al actual, así como la falta de controles gubernamentales para evitar las alzas inmoderadas y el acaparamiento, es decir, evitar la especulación.
Lo otro es que mientras más pobres hay, muy pocos se vuelven más ricos. Es decir, de la pobreza de uno se alimenta la riqueza de otros.
Las razones que arguye el gobierno del Presidente Elías Antonio Saca, para no regular o controlar precios de la canasta básica, es que “este es un país libre, y que el mercado es suficiente para regular o fijar precios”.
Lo anterior, por supuesto, es falso, pues la lógica de los empresarios es ganar lo más que se pueda, a costa de todo, sobre todo, cuando tienen vía libre, como se las han dado los distintos gobiernos de derecha, que velan solo por los intereses del gran capital.
No es cierto también que el mercado sea suficiente para autorregularse, sino el gobierno de los Estados Unidos no hubiera recurrido a elaborar un plan de rescate del sistema financiero.
Un gobierno con sentido humano seguramente no sólo controlaría precios de los productos básicos o estratégicos, sino que los regularía para evitar el impacto en las capas poblacionales más frágiles
domingo, 14 de diciembre de 2008
PROGRAMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL IMPLEMENTADO POR ARENA
¿QUÉ ES UN PROGRAMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL?
Un programa de ajuste estructural es la condición impuesta por el FMI y/o el Banco Mundial a un país para otorgarle respaldo financiero destinado a afrontar un grave problema de pagos internacionales. Se trata de una receta única y de pretendida validez universal que se aplica con independencia de la situación particular de cada país. Y a ella se han sometido más de noventa países del Sur y del Este durante las dos últimas décadas del siglo XX, lo que da una idea de su importancia. Los programas de ajuste estructural (PAE) surgieron a comienzos de los años 1980s, como respuesta de las instituciones de Bretton Woods a la crisis de la deuda externa del Tercer Mundo, y luego se extendieron a los países del Este tras la debacle de las economías del bloque soviético. Los PAE obedecen a una concepción extremadamente ortodoxa de la política económica, que años más tarde sería bautizada por sus propios impulsores como el consenso de Washington, pretendiendo dar a entender su universal aceptación por parte de los expertos en desarrollo económico. Sin embargo, esto no era cierto y desde el principio surgieron voces críticas que denunciaron los terribles efectos económicos y sociales que acompañaban a la puesta en marcha de los PAE, pero pasaron muchos años antes de que se les hiciera algún caso, dada la hegemonía del “pensamiento único” neoliberal en esta época.
PROGRAMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL EN EL SALVADOR
1.Agotamiento del modelo agroexportador
Un modelo económico se define a partir del sector principal de la economía, alrededor del cual giran los demás, y a partir del destino de la producción. Durante un siglo el sector principal en El Salvador fue la agricultura cafetalera. La mayor parte de los dólares se generaban de las exportaciones de café y, en menor medida, de algodón (dólares sin los cuales no podrían funcionar los demás sectores, pues sirven para importar materias primas y maquinarias), el crédito se dirigía mayormente a la agricultura (sobre todo a la producción del café), el empleo se concentraba en gran medida en las fincas cafetaleras y algodoneras y los ingresos del gobierno provenían en un 35% de los impuestos a las exportaciones de café. De manera que la industria, la banca, las finanzas gubernamentales y los demás sectores económicos dependían de la evolución de la producción cafetalera y algodonera, cuyo destino principal era su venta en el exterior (Modelo Agroexportador).
Este modelo se agota a finales de los años ochenta del siglo pasado, como se puede verificar a través de los siguientes indicadores:
Para 1989 las exportaciones de café apenas llegaban a 228 millones de dólares, cuando en el 1979 daba 675 millones.
Para 1989 las exportaciones de algodón apenas llegaba a 700 mil dólares, cuando en 1979 generaba 86 millones de dólares.
Para 1989 ambos productos sólo aportaban el 46% de las exportaciones, cuando en 1979 (con exportaciones más altas) aportaban el 62%.
Las exportaciones totales del país cayeron de 1,129.9 millones de dólares en 1979 a 496 millones en 1989.
En 1989 sólo se exportaba el 8.6% del PIB, cuando en 1980 se exportaba el 30.1%
En 1989-90 el empleo en el café y el algodón había disminuido en un 70% con respecto al año cosecha 1979-80.
En 1989 los ingresos del gobierno por los impuestos al café apenas representaban el 5% del total. Para 1980 representaban el 28%.
Para 1989 el Producto Interno Bruto Agropecuario había disminuido considerablemente:
o El aporte al PIB nacional era de 22% (6 puntos porcentuales menos que en 1980)
o El agro captaba el 20% del crédito total (10 puntos porcentuales menos que a finales de los años setenta.
La agroexportación fue sustituida por la ayuda de la AID (3,312 millones de dólares entre 1981 y 1988 (414 millones anuales). También habían crecido las remesas, las cuales sumaban 564 millones de dólares en 1988 (valor 2.5 veces superior al café).
2. Programa y doctrina
Con la llegada de ARENA al gobierno, en 1989, quedaron atrás diez años de proteccionismo y de intervención del Estado en la economía y se inició un programa de reducción del peso económico del Estado y de apertura comercial. Dicho programa, llamado por el Banco Mundial de “Ajuste Estructural”, lleva 13 años de aplicación (1989-2002) y se sustenta en una doctrina económica llamada Neoliberalismo, la cual parte de la idea de que los problemas económicos de un país se deben a la existencia de un desequilibrio comercial creciente que provoca escasez de divisas y limita la capacidad de importar, lo que afecta la inversión y la producción nacional, provoca desempleo y disminuye el ingreso. Ante esa situación, el país recurre al endeudamiento externo, para financiar importaciones y restablecer los niveles de inversión. Pero la persistencia del desequilibrio comercial vuelve a agotar las reservas y genera una situación de insolvencia ante la banca internacional. El país deja de ser sujeto de crédito y de nuevo caen las importaciones, disminuye la inversión, baja la producción y aumenta el desempleo.
Según ese enfoque, el desequilibrio comercial se debe al exceso de demanda interna frente a una producción deficitaria que obliga a elevar las compras en el exterior para complementar la escasa oferta interna. El aumento de la demanda es atribuido al déficit fiscal del gobierno, que por empeñarse en mantener un gasto público elevado y una recaudación tributaria limitada, se ve obligado a recurrir al endeudamiento interno y externo para cubrir sus gastos, con lo cual aumentan la masa monetaria en circulación más allá de las posibilidades productivas internas. Para los neoliberales, entonces, los problemas económicos radican principalmente en los errores de política fiscal y monetaria que cometen los gobiernos.
Cuando la economía llega a un nivel de agotamiento de reservas monetarias, caída de la inversión y de la producción nacional, presiones inflacionarias, déficit fiscal, inestabilidad cambiaria e insolvencia ante la banca mundial, es decir, cuando muestra un cuadro de inestabilidad, se inicia el programa de estabilización, o de ajuste de corto plazo, el cual es impulsado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se basa en las ideas neoliberales. La profundidad del ajuste dependerá del grado de inestabilidad que muestre la economía. Si todas las variables macroeconómicas importantes expresan desequilibrio, entonces el ajuste suele ser muy severo.
Por otra parte, también está el programa de ajuste estructural que impone el Banco Mundial (igualmente de corte neoliberal), el cual puede coincidir o no con el ajuste de corto plazo y cuyo objetivo es modificar la estructura económica para reinsertar al país en la economía mundial.
Finalmente, para los neoliberales el Estado también genera distorsiones en la economía cuando fija precios de bienes y servicios, cuando determina la tasa de interés, fija salarios, da subsidios y cobra muchos impuestos (sobre la renta) a los empresarios. Consideran que esas medidas afectan la ganancia empresarial y desestimulan la inversión privada, cae la producción y aumenta el desempleo.
3. Objetivos del programa económico aplicado desde 1989
Cuando llegó ARENA al poder se inició el programa de Ajuste Estructural, cuyos sus objetivos eran:
a) Modificar la estructura económica y reducir el proteccionismo para reinsertar la economía en el mercado mundial.
b) Crear un modelo económico de exportaciones no tradicionales, sobre todo industriales.
4. Componentes del programa
4.1 Reducción del papel del Estado en la economía como propietario de empresas
En este componente, más conocido como privatización, se ha hecho lo siguiente:
a) Durante el gobierno de Cristiani (1989-94)
Eliminación del monopolio del Estado en la exportación del café. Se privatizó el negocio de exportación de café. Además, fueron vendidas las instalaciones de INCAFE, que era la institución del estado encargada de la comercialización del grano, y se clausuró el Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café (ISIC).
Eliminación del monopolio del Estado en la exportación de azúcar. Se privatizó el comercio exportador.
Privatización de las importaciones del petróleo (venta de PETROCEL a la RASA).
Cierre del IRA (se privatiza la parte del comercio interno de granos básicos que manejaba el Estado). Surge la Bolsa de Productos Agropecuarios, de Cristiani.
Cierre del IVU.
La administración del Instituto Tecnológico Centroamericano (ITCA) fue concesionada a FEPADE 8institución privada).
Privatización de la banca.
Privatización del Hotel Presidente.
Privatización de una parte del mercado del dólar (surgimiento de las casas de cambio).
Privatización de las consultas externas del seguro social.
b) Durante el gobierno de Calderón Sol (1994-99)
Privatización de los ingenios azucareros.
Privatización de ANTEL.
Privatización de las distribuidoras de energía eléctrica.
Privatización de los trámites de tránsito (parte del Viceministerio de Transporte).
Privatización del sistema de pensiones. Surgen las AFP.
c) Durante el gobierno actual
Arrendamiento del Aeropuerto.
Privatización del dólar (dolarización).
4.2 Liberalización económica
Este componente consiste en abrirle paso al mercado como regulador de la actividad económica. Las medidas aplicadas son:
a) Liberalización de los precios de 230 productos de la canasta básica.
b) Cierre del IRA (liberalización del comercio de granos básicos).
c) Liberación de la tasa de intereses. No la fija el mercado, sino dos bancos (Agrícola y Cuscatlán, que captan el 70 % de las ganancias y controlan el 50 de los depósitos, los préstamos, los activos y el patrimonio de todo el sistema bancario nacional).
d) Liberalización del tipo de cambio (valor de la moneda nacional con respecto al dólar).
e) Liberalización del mercado de tierras: las cooperativas pueden vender tierras y también pueden pagar con tierras el 15% de su deuda agraria.
f) Reducción de aranceles (impuestos a los productos importados) según la siguiente escala:
1% piso 230% Techo (antes de Cristiani)
5% piso 20 % Techo (en la admón. de Cristiani )
0% piso 15% Techo (en la admón. de Calderón Sol)
g) En el actual gobierno los aranceles tienen a desaparecer con las firmas de los TLC.
h) Eliminación de los impuestos a las exportaciones de café y de azúcar.
4.3 Reforma tributaria
Lo principal de este componente consiste en disminuir o suprimir impuestos directos y aumentar la recaudación por medio de la tributación indirecta. Algunas medidas de este componente también son parte de los componentes anteriores. Durantes los gobiernos de ARENA las principales medidas fiscales han sido las siguientes:
a) Eliminación de los impuestos a las exportaciones de café.
b) Eliminación del impuesto a las exportaciones de azúcar.
c) Eliminación del impuesto al patrimonio Reducción de aranceles.
e) Reducción del impuesto a la transferencia de propiedades.
f) Reducción del impuesto sobre la Renta:
del 50% sobre el excedente de 75,000 colones al 25% sobre dicho excedente (durante el Gobierno de Cristiani)
Eliminación del tramo exento de 75,000 colones (durante el gobierno actual).
Aumento del mínimo exento para los asalariados.
g) Eliminación del impuesto de Timbres Fiscales y creación del IVA (con el 10% en 1992, 13% en 1995 y sin excepciones desde el año 2000)
h) Eliminación de subsidios a bienes y servicios (diesel, energía eléctrica y otros).
5. Impacto económico del programa
a) El programa ha fortalecido a la gran empresa, sobre todo al sector financiero, al comercio importador y a la gran industria. La gran empresa se ha beneficiado de la privatización, la falta de regulación estatal y la reducción de impuestos directos y al comercio exterior.
b) Aumentó la entrada de dólares (remesas, préstamos, fondos para la reconstrucción y elevada inversión extranjera en algunos años) y se estabilizó el tipo de cambio durante ocho años. El país se hizo sujeto de crédito de la banca comercial.
c) La política económica de apertura comercial afectó a la agricultura, que no puede enfrentar la competencia de México, Guatemala y otros países. En cambio, el comercio importador se vio favorecido con la reducción de aranceles y con la estabilidad cambiaria de ocho años. La banca orienta el crédito al comercio, sobre todo importador.
d) Los grandes empresarios nativos movieron sus capitales de la agricultura a la banca, los seguros, el negocio de importación y otras áreas rentables de la economía, favorecidas por la política económica.
e) Entre 1991 y 1995 el PIB creció a una tasa promedio de 6.5%. El PIB es el valor de todos los bienes y servicios que se producen en el país. Crecieron principalmente los sectores financiero, comercial, industrial y construcción.
f) El sector agropecuario se desplomó. La agricultura nacional tiende a ser desplazada por los bienes agrícolas importados, sobre todo de México y Guatemala. El aporte del sector agrícola al PIB se ha reducido de más de un 20% en los años ochenta a un 12% en la actualidad. El agro dejó de ser rentable y los bancos orientan casi el 40% de sus créditos al comercio, sobre todo al comercio importador, pues la apertura comercial le da más rentabilidad a las importaciones. Al agro sólo se destina el 5% de los créditos (y la mitad la capta el café). Casi todos los bienes agrícolas tienen un nivel de producción inferior al de hace 12 años.
g) El deterioro del agro se expresa en el desplazamiento de la pequeña producción de granos básicos por importaciones, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.
i) El Salvador, lejos de desarrollar las exportaciones industriales (nuevo modelo), aumentó su dependencia de las importaciones. La abundancia de dólares y la política económica de reducción de aranceles y de estabilidad en el tipo de cambio, estimularon las importaciones, las cuales crecen continuamente y son financiadas por la remesas. Como resultado, el déficit comercial casi se ha triplicado (pasó de $800 millones en 1990 a $2,200 millones en el año 2001).
j) La capacidad de importar depende de las remesas familiares y es la que permite que no haya escasez de productos y que la inflación sea relativamente baja, sobre todo desde 1993.
k) La dolarización favorece más a los grandes importadores y banqueros (se elimina posibilidad de devaluación). Es una medida impuesta por la cúpula importadora y financiera (integrada por los mismos empresarios).
l) El elevado crecimiento económico de la primera mitad de la década no podía sostenerse, pues el mercado interno es muy estrecho, dado el desempleo y los bajos salarios. El salario mínimo urbano es de 1,260 colones y el rural es de 730 colones, mientras la canasta básica mensual es de 5,000 colones. Por ello, a partir de 1996, la economía empezó a perder dinamismo, al extremo de que el ritmo de crecimiento de la producción es cada vez menor. La economía tiende al estancamiento.
Un programa de ajuste estructural es la condición impuesta por el FMI y/o el Banco Mundial a un país para otorgarle respaldo financiero destinado a afrontar un grave problema de pagos internacionales. Se trata de una receta única y de pretendida validez universal que se aplica con independencia de la situación particular de cada país. Y a ella se han sometido más de noventa países del Sur y del Este durante las dos últimas décadas del siglo XX, lo que da una idea de su importancia. Los programas de ajuste estructural (PAE) surgieron a comienzos de los años 1980s, como respuesta de las instituciones de Bretton Woods a la crisis de la deuda externa del Tercer Mundo, y luego se extendieron a los países del Este tras la debacle de las economías del bloque soviético. Los PAE obedecen a una concepción extremadamente ortodoxa de la política económica, que años más tarde sería bautizada por sus propios impulsores como el consenso de Washington, pretendiendo dar a entender su universal aceptación por parte de los expertos en desarrollo económico. Sin embargo, esto no era cierto y desde el principio surgieron voces críticas que denunciaron los terribles efectos económicos y sociales que acompañaban a la puesta en marcha de los PAE, pero pasaron muchos años antes de que se les hiciera algún caso, dada la hegemonía del “pensamiento único” neoliberal en esta época.
PROGRAMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL EN EL SALVADOR
1.Agotamiento del modelo agroexportador
Un modelo económico se define a partir del sector principal de la economía, alrededor del cual giran los demás, y a partir del destino de la producción. Durante un siglo el sector principal en El Salvador fue la agricultura cafetalera. La mayor parte de los dólares se generaban de las exportaciones de café y, en menor medida, de algodón (dólares sin los cuales no podrían funcionar los demás sectores, pues sirven para importar materias primas y maquinarias), el crédito se dirigía mayormente a la agricultura (sobre todo a la producción del café), el empleo se concentraba en gran medida en las fincas cafetaleras y algodoneras y los ingresos del gobierno provenían en un 35% de los impuestos a las exportaciones de café. De manera que la industria, la banca, las finanzas gubernamentales y los demás sectores económicos dependían de la evolución de la producción cafetalera y algodonera, cuyo destino principal era su venta en el exterior (Modelo Agroexportador).
Este modelo se agota a finales de los años ochenta del siglo pasado, como se puede verificar a través de los siguientes indicadores:
Para 1989 las exportaciones de café apenas llegaban a 228 millones de dólares, cuando en el 1979 daba 675 millones.
Para 1989 las exportaciones de algodón apenas llegaba a 700 mil dólares, cuando en 1979 generaba 86 millones de dólares.
Para 1989 ambos productos sólo aportaban el 46% de las exportaciones, cuando en 1979 (con exportaciones más altas) aportaban el 62%.
Las exportaciones totales del país cayeron de 1,129.9 millones de dólares en 1979 a 496 millones en 1989.
En 1989 sólo se exportaba el 8.6% del PIB, cuando en 1980 se exportaba el 30.1%
En 1989-90 el empleo en el café y el algodón había disminuido en un 70% con respecto al año cosecha 1979-80.
En 1989 los ingresos del gobierno por los impuestos al café apenas representaban el 5% del total. Para 1980 representaban el 28%.
Para 1989 el Producto Interno Bruto Agropecuario había disminuido considerablemente:
o El aporte al PIB nacional era de 22% (6 puntos porcentuales menos que en 1980)
o El agro captaba el 20% del crédito total (10 puntos porcentuales menos que a finales de los años setenta.
La agroexportación fue sustituida por la ayuda de la AID (3,312 millones de dólares entre 1981 y 1988 (414 millones anuales). También habían crecido las remesas, las cuales sumaban 564 millones de dólares en 1988 (valor 2.5 veces superior al café).
2. Programa y doctrina
Con la llegada de ARENA al gobierno, en 1989, quedaron atrás diez años de proteccionismo y de intervención del Estado en la economía y se inició un programa de reducción del peso económico del Estado y de apertura comercial. Dicho programa, llamado por el Banco Mundial de “Ajuste Estructural”, lleva 13 años de aplicación (1989-2002) y se sustenta en una doctrina económica llamada Neoliberalismo, la cual parte de la idea de que los problemas económicos de un país se deben a la existencia de un desequilibrio comercial creciente que provoca escasez de divisas y limita la capacidad de importar, lo que afecta la inversión y la producción nacional, provoca desempleo y disminuye el ingreso. Ante esa situación, el país recurre al endeudamiento externo, para financiar importaciones y restablecer los niveles de inversión. Pero la persistencia del desequilibrio comercial vuelve a agotar las reservas y genera una situación de insolvencia ante la banca internacional. El país deja de ser sujeto de crédito y de nuevo caen las importaciones, disminuye la inversión, baja la producción y aumenta el desempleo.
Según ese enfoque, el desequilibrio comercial se debe al exceso de demanda interna frente a una producción deficitaria que obliga a elevar las compras en el exterior para complementar la escasa oferta interna. El aumento de la demanda es atribuido al déficit fiscal del gobierno, que por empeñarse en mantener un gasto público elevado y una recaudación tributaria limitada, se ve obligado a recurrir al endeudamiento interno y externo para cubrir sus gastos, con lo cual aumentan la masa monetaria en circulación más allá de las posibilidades productivas internas. Para los neoliberales, entonces, los problemas económicos radican principalmente en los errores de política fiscal y monetaria que cometen los gobiernos.
Cuando la economía llega a un nivel de agotamiento de reservas monetarias, caída de la inversión y de la producción nacional, presiones inflacionarias, déficit fiscal, inestabilidad cambiaria e insolvencia ante la banca mundial, es decir, cuando muestra un cuadro de inestabilidad, se inicia el programa de estabilización, o de ajuste de corto plazo, el cual es impulsado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se basa en las ideas neoliberales. La profundidad del ajuste dependerá del grado de inestabilidad que muestre la economía. Si todas las variables macroeconómicas importantes expresan desequilibrio, entonces el ajuste suele ser muy severo.
Por otra parte, también está el programa de ajuste estructural que impone el Banco Mundial (igualmente de corte neoliberal), el cual puede coincidir o no con el ajuste de corto plazo y cuyo objetivo es modificar la estructura económica para reinsertar al país en la economía mundial.
Finalmente, para los neoliberales el Estado también genera distorsiones en la economía cuando fija precios de bienes y servicios, cuando determina la tasa de interés, fija salarios, da subsidios y cobra muchos impuestos (sobre la renta) a los empresarios. Consideran que esas medidas afectan la ganancia empresarial y desestimulan la inversión privada, cae la producción y aumenta el desempleo.
3. Objetivos del programa económico aplicado desde 1989
Cuando llegó ARENA al poder se inició el programa de Ajuste Estructural, cuyos sus objetivos eran:
a) Modificar la estructura económica y reducir el proteccionismo para reinsertar la economía en el mercado mundial.
b) Crear un modelo económico de exportaciones no tradicionales, sobre todo industriales.
4. Componentes del programa
4.1 Reducción del papel del Estado en la economía como propietario de empresas
En este componente, más conocido como privatización, se ha hecho lo siguiente:
a) Durante el gobierno de Cristiani (1989-94)
Eliminación del monopolio del Estado en la exportación del café. Se privatizó el negocio de exportación de café. Además, fueron vendidas las instalaciones de INCAFE, que era la institución del estado encargada de la comercialización del grano, y se clausuró el Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café (ISIC).
Eliminación del monopolio del Estado en la exportación de azúcar. Se privatizó el comercio exportador.
Privatización de las importaciones del petróleo (venta de PETROCEL a la RASA).
Cierre del IRA (se privatiza la parte del comercio interno de granos básicos que manejaba el Estado). Surge la Bolsa de Productos Agropecuarios, de Cristiani.
Cierre del IVU.
La administración del Instituto Tecnológico Centroamericano (ITCA) fue concesionada a FEPADE 8institución privada).
Privatización de la banca.
Privatización del Hotel Presidente.
Privatización de una parte del mercado del dólar (surgimiento de las casas de cambio).
Privatización de las consultas externas del seguro social.
b) Durante el gobierno de Calderón Sol (1994-99)
Privatización de los ingenios azucareros.
Privatización de ANTEL.
Privatización de las distribuidoras de energía eléctrica.
Privatización de los trámites de tránsito (parte del Viceministerio de Transporte).
Privatización del sistema de pensiones. Surgen las AFP.
c) Durante el gobierno actual
Arrendamiento del Aeropuerto.
Privatización del dólar (dolarización).
4.2 Liberalización económica
Este componente consiste en abrirle paso al mercado como regulador de la actividad económica. Las medidas aplicadas son:
a) Liberalización de los precios de 230 productos de la canasta básica.
b) Cierre del IRA (liberalización del comercio de granos básicos).
c) Liberación de la tasa de intereses. No la fija el mercado, sino dos bancos (Agrícola y Cuscatlán, que captan el 70 % de las ganancias y controlan el 50 de los depósitos, los préstamos, los activos y el patrimonio de todo el sistema bancario nacional).
d) Liberalización del tipo de cambio (valor de la moneda nacional con respecto al dólar).
e) Liberalización del mercado de tierras: las cooperativas pueden vender tierras y también pueden pagar con tierras el 15% de su deuda agraria.
f) Reducción de aranceles (impuestos a los productos importados) según la siguiente escala:
1% piso 230% Techo (antes de Cristiani)
5% piso 20 % Techo (en la admón. de Cristiani )
0% piso 15% Techo (en la admón. de Calderón Sol)
g) En el actual gobierno los aranceles tienen a desaparecer con las firmas de los TLC.
h) Eliminación de los impuestos a las exportaciones de café y de azúcar.
4.3 Reforma tributaria
Lo principal de este componente consiste en disminuir o suprimir impuestos directos y aumentar la recaudación por medio de la tributación indirecta. Algunas medidas de este componente también son parte de los componentes anteriores. Durantes los gobiernos de ARENA las principales medidas fiscales han sido las siguientes:
a) Eliminación de los impuestos a las exportaciones de café.
b) Eliminación del impuesto a las exportaciones de azúcar.
c) Eliminación del impuesto al patrimonio Reducción de aranceles.
e) Reducción del impuesto a la transferencia de propiedades.
f) Reducción del impuesto sobre la Renta:
del 50% sobre el excedente de 75,000 colones al 25% sobre dicho excedente (durante el Gobierno de Cristiani)
Eliminación del tramo exento de 75,000 colones (durante el gobierno actual).
Aumento del mínimo exento para los asalariados.
g) Eliminación del impuesto de Timbres Fiscales y creación del IVA (con el 10% en 1992, 13% en 1995 y sin excepciones desde el año 2000)
h) Eliminación de subsidios a bienes y servicios (diesel, energía eléctrica y otros).
5. Impacto económico del programa
a) El programa ha fortalecido a la gran empresa, sobre todo al sector financiero, al comercio importador y a la gran industria. La gran empresa se ha beneficiado de la privatización, la falta de regulación estatal y la reducción de impuestos directos y al comercio exterior.
b) Aumentó la entrada de dólares (remesas, préstamos, fondos para la reconstrucción y elevada inversión extranjera en algunos años) y se estabilizó el tipo de cambio durante ocho años. El país se hizo sujeto de crédito de la banca comercial.
c) La política económica de apertura comercial afectó a la agricultura, que no puede enfrentar la competencia de México, Guatemala y otros países. En cambio, el comercio importador se vio favorecido con la reducción de aranceles y con la estabilidad cambiaria de ocho años. La banca orienta el crédito al comercio, sobre todo importador.
d) Los grandes empresarios nativos movieron sus capitales de la agricultura a la banca, los seguros, el negocio de importación y otras áreas rentables de la economía, favorecidas por la política económica.
e) Entre 1991 y 1995 el PIB creció a una tasa promedio de 6.5%. El PIB es el valor de todos los bienes y servicios que se producen en el país. Crecieron principalmente los sectores financiero, comercial, industrial y construcción.
f) El sector agropecuario se desplomó. La agricultura nacional tiende a ser desplazada por los bienes agrícolas importados, sobre todo de México y Guatemala. El aporte del sector agrícola al PIB se ha reducido de más de un 20% en los años ochenta a un 12% en la actualidad. El agro dejó de ser rentable y los bancos orientan casi el 40% de sus créditos al comercio, sobre todo al comercio importador, pues la apertura comercial le da más rentabilidad a las importaciones. Al agro sólo se destina el 5% de los créditos (y la mitad la capta el café). Casi todos los bienes agrícolas tienen un nivel de producción inferior al de hace 12 años.
g) El deterioro del agro se expresa en el desplazamiento de la pequeña producción de granos básicos por importaciones, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.
i) El Salvador, lejos de desarrollar las exportaciones industriales (nuevo modelo), aumentó su dependencia de las importaciones. La abundancia de dólares y la política económica de reducción de aranceles y de estabilidad en el tipo de cambio, estimularon las importaciones, las cuales crecen continuamente y son financiadas por la remesas. Como resultado, el déficit comercial casi se ha triplicado (pasó de $800 millones en 1990 a $2,200 millones en el año 2001).
j) La capacidad de importar depende de las remesas familiares y es la que permite que no haya escasez de productos y que la inflación sea relativamente baja, sobre todo desde 1993.
k) La dolarización favorece más a los grandes importadores y banqueros (se elimina posibilidad de devaluación). Es una medida impuesta por la cúpula importadora y financiera (integrada por los mismos empresarios).
l) El elevado crecimiento económico de la primera mitad de la década no podía sostenerse, pues el mercado interno es muy estrecho, dado el desempleo y los bajos salarios. El salario mínimo urbano es de 1,260 colones y el rural es de 730 colones, mientras la canasta básica mensual es de 5,000 colones. Por ello, a partir de 1996, la economía empezó a perder dinamismo, al extremo de que el ritmo de crecimiento de la producción es cada vez menor. La economía tiende al estancamiento.
21 CASOS DE CORRUPCION Y MALVERSACION DE FONDOS EN LOS GOBIERNOS DE ARENA
Es muy difícil detallar con precisión todos los ilícitos cometidos, que son muchos. A continuación presentamos algunos de los hechos más relevantes de corrupción pública.
1.1 Saneamiento de la banca
En el año 1990, la Asamblea Legislativa aprobó una ley de saneamiento de los bancos estatales, los cuales habían quebrado debido a que no recuperaron muchos de los préstamos otorgados a grandes empresarios. La ley incluía la creación del Fondo de Saneamiento Financiero (FOSAF I), con recursos del Banco Central de Reservas (BCR). En otras palabras, el gobierno puso sus propios recursos para oxigenar a los bancos estatales antes de privatizarlos. El monto de dinero liberado de la mora bancaria fue de 3,525 millones de colones, que al tipo de cambio de ese año (5 colones por un dólar), equivalían a 705 millones de dólares.
1.2 Faltante de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)
En 1991 se conoció públicamente un faltante de 72.7 millones de colones (9 millones de dólares) en la CEL. El entonces Presidente de la empresa, Sigifredo Ochoa, fue acusado de fraude a la economía pública, pero en mayo de 1995 fue judicialmente sobreseído. El gobierno no recuperó los recursos sustraídos de la CEL.
1.3 Malversación en los ingenios de azúcar
En el año 1994 se divulgó la malversación de 130 millones de colones (alrededor de 15 millones de dólares) en el Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR), en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y en la Corporación Salvadoreña de Inversiones (CORSAIN). El caso quedó en el olvido.
1.4 Fraude en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)
En julio de 1995, se dio una orden de captura para Romeo Majano, director del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), y contra otros cuatro directivos de dicha institución, en base a 14 auditorías de examen especial de la Corte de Cuentas, que reveló la compra de seguros de vida en forma fraudulenta, estafa en la adjudicación de medicamentos (a través de una empresa fantasma) y peculado por un monto de 21 millones de colones (2.4 millones de dólares)
En abril de 1998, un juez dejó en libertad a los imputados porque supuestamente no se logró establecer el delito. Antes, Majano había huido al exterior. Al final, ningún directivo fue juzgado y el Estado no recuperó el dinero que le habían sustraído.
1.5 Malversación en el Fondo de Inversión Social (FIS)
En el año 1995, un informe de auditoría de la Corte de Cuentas responsabilizó al Consejo de
Administración del FIS de haber utilizado ilegalmente 18 millones 87 mil colones (10 millones de dólares). Según el informe, un número importante de empleados y de altos ejecutivos del FIS recibieron desproporcionados aumentos a sus salarios antes de renunciar, razón por la cual recibieron exorbitantes indemnizaciones económicas, algunos de ellos de más de 800 mil colones (92,000 dólares). El informe reveló que un estudio de las nóminas de empleados permitía observar que algunos de los que se “retiraron” fueron re contratados el mismo día a petición de la Presidenta del FIS, Norma de Dowe.
En medio del escándalo, la señora de Dowe renunció. Sin embargo, ni ella ni los ejecutivos beneficiarios de la malversación fueron sometidos a la justicia. Los imputados quedaron libres y el dinero no fue reintegrado al Estado.
1.6 Fraude en el Banco de Fomento Agropecuario (BFA)
Entre los años 1995 y 1999, hubo un fraude en el BFA por un monto de 138.6 millones de colones (alrededor de 16 millones de dólares). Por el hecho fuero acusados el presidente del BFA, Raúl García Prieto y otros altos funcionarios del banco, a quienes se acusó de comprar el ingenio El Carmen por 59 millones de colones y sin poner dinero de garantía. También se les acusó de haber realizado la venta a través de maniobras financieras. Al ex presidente del BFA se le acusó de favorecer la negociación desde su cargo.
La Cámara 2a. de lo Penal luego exoneró de cargos, en forma definitiva, a Enrique Rais, Ruth
Salazar Campos, Héctor Cristiani, Luis Omar Cruz Guevara, Ricardo Rivera Villalta y Raúl
Castellón Lemus, acusados por delitos de defraudación a la economía pública, negociaciones ilícitas y asociaciones ilícitas.5 García Prieto, quien fue condenado, está prófugo.
1.7 Malversación en la Federación Nacional de Futbol (FEDEFUT)
En septiembre de 1999, la Corte de Cuentas anunció un faltante de fondos en la FEDEFUT por un monto de 35 millones de colones (unos 4 millones de dólares). El principal implicado era el ex presidente de esa institución, Juan Torres.
La Fiscalía emprendió una causa judicial. Demandó a los ex-directivos de la FEDEFUT por peculado, malversación de fondos, administración fraudulenta, falsedad documental agravada, negociaciones ilícitas, uso de documentos falsos y apropiación indebida. También demandó a dos funcionarios de la Corte de Cuentas por actos arbitrarios. Después de varios años de tratar el caso, el poder judicial exoneró a los implicados y cerró el caso. El Estado perdió el dinero.
1.8 Estafa de una institución financiera
En 1997 se detectó una estafa de 100 millones de colones (11.5 millones de dólares) de la empresa Crediclub, por la desviación de los fondos captados hacia actividades nunca esclarecidas. La empresa quebró y en julio de 1999 tomó 1,200 millones del BCR (138 millones de dólares) para cubrir el agujero financiero, al 1% anual y a 2 años plazo.
En septiembre de 2001, el Juzgado 6o. de Instrucción de San Salvador liberó de responsabilidad penal a 18 personas acusadas de estafa y defraudación a la economía pública. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por medio de la Sala de lo Penal, reiteró el fallo de dos tribunales a favor de los procesados.8 El plazo de 2 años para pagar el préstamo del BCR expiró en el 2001, pero el BCR no ha recuperado plenamente el dinero público.
1.9 Fraude a la economía pública por parte de dos instituciones financieras
El 3 de julio de 1997, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) intervino las sociedades financiera FINSEPRO e INSEPRO. La Fiscalía General de la República determinó que el señor Roberto Mathies Hill y otros miembros de las Juntas Directivas de dichas instituciones habían cometido el delito de defraudación de la economía pública, por un monto que podía llegar a 500 millones de colones (57.5 millones de dólares).
El fraude consistió en que FINSEPRO, institución autorizada por la SSF, remitía a sus clientes hacia las instalaciones de INSEPRO, no autorizada por la SSF, la cual les prometía intereses más altos y seguridad en sus ahorros. INSEPRO captaba depósitos ilegalmente y daba a cambio cheques pagaderos en otros bancos, muchos de los cuales carecían de respaldo.
El monto final del fraude fue estimando en 1,268 millones de colones. El estado asumió el pago de700 millones a los ahorrantes (80.5 millones de dólares). El señor Hill estuvo varios años preso. Luego fue absuelto, pero el Estado no recuperó el dinero.
1.10 Malversación de recursos de una Financiera
En enero 1999, los accionistas del Banco de Crédito Inmobiliario (CREDISA), liquidaron la institución tras comprobar pérdidas por más de 72 millones de dólares. CREDISA fue adquirida por varios bancos privados. Pero como estaba quebrada, el BCR le inyecto 1,239 millones de colones (142.5 millones de dólares), mediante una línea de crédito con un interés anual de 1% y por un plazo de pago de 2 años. Hasta junio de 2007 se había cancelado el 18.9% del capital adeudado, a pesar de que el plazo de pago expiró hace seis años.
1.11 Licitaciones amañadas en el Ministerio de Obras Públicas (MOP)
En los años 1998.-2001, el Ministerio de Obras Públicas realizó adjudicaciones de obras de forma amañada y aumentó los costos de construcción en un 70.8%, en las Carretera Litoral, de Pto. La Libertad hacia Acajutla, la Carretera El portezuelo-Atiquizaya-Las Chinamas-El Jobo y el PuenteCuscatlán. El monto adjudicado fue de 332 millones de colones (38 millones de dólares). Ninguna autoridad fue investigada ni sancionada por el hecho.
1.12 Malversación de recursos en el Ministerio de Hacienda
En 1999, la Secretaría Técnica de Financiamiento (SETEFE), adscrita al Ministerio de Hacienda, desvió 10 millones de colones (1.1 millones de dólares), que eran parte de un paquete de ayuda destinada a los afectados por la tormenta “Mitch” y que le fueron entregados a la Asociación de Productores Agrícolas (APROAS), integrada por ex patrulleros que sirvieron a la Fuerza Armada durante el conflicto armado.
El desvío de fondos se hizo con la autorización del ex presidente Armando Calderón Sol, en plena campaña electoral y, según revelaron miembros de APROAS, con la petición expresa a los ex patrulleros de apoyar al candidato presidencial del partido ARENA en la elecciones de 1999, señor. Francisco Flores.
La UCA señaló que “a partir de las revelaciones que varios de los implicados han hecho a los medios de comunicación, una cosa puede darse por cierta: importantes figuras de ARENA hicieron una negociación política con los ex patrulleros, a sabiendas de que eran tales, para lo cual, a cambio de apoyo electoral, utilizaron recursos que no eran del partido. Y es que, independientemente de si se trataba de fondos propios del Estado o de fondos provenientes de la cooperación internacional, el punto es que esos recursos no eran patrimonio de ARENA, por lo cual no podían ser usados para comprar apoyo electoral.”
El caso quedó en la impunidad, pues nadie fue investigado ni sancionado. El dinero quedó encubierto como gasto de la partida secreta de la Presidencia.
1.13 Fraude a la economía pública por parte de ONG y de institución pública
En 1999, la ONG progubernamental, PROCADES, desvió 40 millones de colones (4.6 millones de dólares) que una ONG sueca llamada Rada Barnen había aportado para un proyecto de viviendas para familias pobres. El desvío de fondos se hizo con la complicidad de las autoridades del Fondo Nacional para Vivienda Popular (FONAVIPO), que es una institución pública.12 El dinero se perdió y nadie fue capturado ni juzgado.
1.14 Tráfico de influencias y conflictos de intereses en el Ministerio de Economía
En el año 2000, el Ministerio de Economía permitió la importación, libre de aranceles, de desperdicios de pilas y otros insumos para la fabricación de baterías. La decisión la tomó el
Ministro Miguel Lacayo, Presidente de la empresa “Baterías de El Salvador”, la única que fabricaba baterías en el país.13 El valor de las importaciones fue de 350 millones de colones (40.2millones de dólares). Tal medida se aprobó sin el aval de la Asamblea Legislativa, que es el Órgano del Estado encargado de “decretar impuestos”.14 Tal medida, declarada inconstitucional por La Corte Suprema de Justicia, le ocasionó pérdidas de ingresos al fisco.
1.15 Robo de abono donado por el gobierno de Japón
En el año 2001, los medios de prensa informaron que se habían perdido 11,000 quintales de fertilizantes donados por el gobierno de Japón para los damnificados de los terremotos de ese año. La auditoria Interna del BFA determinó el hecho.
El embajador japonés en El Salvador, Saburo Yuzawa, lamentó el robo e instó a la Policía y a la Fiscalía a que identificaran a los responsables. La Fiscalía determinó que el 23% de la donación había sido trasladada a las bodegas de la Unión de Importadores de Fertilizantes (UNIFERSA), de capital privado y en la que participan accionistas como el ex presidente Alfredo Cristiani y el ex ministro de Hacienda, Ricardo Montenegro.15 Sin embargo, el hecho quedó impune.
1.16 Irregularidades en contrato de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa
(CEL) con la empresa Nejapa Power
En el año 2000, el Superintendente General de Electricidad y Comunicaciones, Ernesto Lima Mena, señaló que las condiciones del contrato suscrito por la empresa estatal, CEL, con la empresa de capital estadounidense, Nejapa Power, colocaban al Estado en una situación desventajosa, pues para CEL implicaba un costo adicional de 215 millones de colones (24.7 millones de dólares) anuales por un período de 15 años, que era el plazo estipulado en el contrato. Funcionarios de CEL también dijeron que la venta de las generadoras térmicas de electricidad se hizo en condiciones ventajosas para los compradores, al extremo de que la CEL debe pagar hasta por la energía no producida en las plantas de generación térmica privatizadas.
1.17 Fraude a la economía pública en la Asociación nacional de Acueductos y Alcantarillados(ANDA)
En el año 2003 se conoció que el presidente de ANDA, Carlos Perla, y otros funcionarios de esa institución, estaban involucrados en un desfalco de 875 millones de colones (100 millones de dólares), por manipulación en las licitaciones y contratos de la empresa autónoma.17
Perla huyó hacia Francia, donde fue capturado y devuelto a El Salvador. Actualmente enfrenta un proceso judicial.
1.18 Fraude a la economía pública y lavado de dinero por parte de empresa financiera
El 19 de julio de 2004 se conoció el fraude cometido por los Inversionistas de Operaciones
Bursátiles de Centroamérica (OBC), con un monto de 6.3 millones de dólares. La empresa realizó una captación ilegal de fondos y cometió irregularidades en el manejo y administración de las inversiones.18 Un total de 400 personas fueron estafadas.
Uno de los socios fundadores de la empresa es Mauricio Sandoval, ex Director de la Policía
Nacional Civil durante el gobierno de Francisco Flores. Hasta la fecha el caso se mantiene estancado en el juzgado Séptimo de Instrucción, debido a la fuga de los dos principales implicados.
1.19 Adjudicación ilegal de medicamentos por parte del Director del ISSS
En el año 2005, el Director del ISSS, Mariano Pinto, y el Consejo Directivo de esa institución incurrieron en el delito de Negligencia Administrativa, al adjudicar de manera irregular una licitación de medicamentos por 1.4 millones de dólares.19 El señor Pinto renunció, pero todavía laCorte de Cuentas tiene en sus manos el proceso.
1.20 Irregularidades en el Centro Nacional de Registro (CNR)
En el año 2005, la Contraloría General de la República señaló irregularidad en el uso de poco más de 1 millón de dólares de un préstamo de 50 millones del proyecto “Chambita Medidor Fase I”, ejecutado por el CNR, cuando era dirigido por el actual Fiscal General de la República, Félix Garrid Safie. El préstamo se utilizó para contratar a varios funcionarios con altos salarios. También hubo irregularidades con las empresas encargadas del proyecto.20 La Corte de Cuentas está investigando.
1.21 Irregularidades en el Ministerio de Obras Públicas (MOP)
En diciembre de 2006 se hizo público un informe de auditoria preliminar de la Corte de Cuentas, en el que se señalan irregularidades en las cuentas del MOP por 40.3 millones de dólares. También se mencionan procedimientos indebidos en licitaciones de caminos rurales y se habla de una falta de supervisión en obras calificadas como de “mala calidad”. Las irregularidades ocurrieron durante la ejecución del proyecto “Caminos Rurales Sostenibles fase I”, en el año 2004.
El ex ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, tiene abierto un proceso en su contra por el
caso. Los señalamientos de la Corte de Cuentas también incluyen a la gestión del ministro anterior, José Ángel Quirós.
La Corte también tiene un proceso en juicio por el mismo proyecto de Caminos Rurales, por una auditoria del período que va del 1ro enero y al 31 de diciembre de 2005, donde se establecen 11 irregularidades en el manejo de más de 13 millones de dólares en la construcción de los tramos de las calles Chapeltique-San Francisco Gotera, Santa Elena-Jucuapa, La Cofradía-San Alejo y San Pedro Nonualco-Santa María Ostuma.
1.1 Saneamiento de la banca
En el año 1990, la Asamblea Legislativa aprobó una ley de saneamiento de los bancos estatales, los cuales habían quebrado debido a que no recuperaron muchos de los préstamos otorgados a grandes empresarios. La ley incluía la creación del Fondo de Saneamiento Financiero (FOSAF I), con recursos del Banco Central de Reservas (BCR). En otras palabras, el gobierno puso sus propios recursos para oxigenar a los bancos estatales antes de privatizarlos. El monto de dinero liberado de la mora bancaria fue de 3,525 millones de colones, que al tipo de cambio de ese año (5 colones por un dólar), equivalían a 705 millones de dólares.
1.2 Faltante de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)
En 1991 se conoció públicamente un faltante de 72.7 millones de colones (9 millones de dólares) en la CEL. El entonces Presidente de la empresa, Sigifredo Ochoa, fue acusado de fraude a la economía pública, pero en mayo de 1995 fue judicialmente sobreseído. El gobierno no recuperó los recursos sustraídos de la CEL.
1.3 Malversación en los ingenios de azúcar
En el año 1994 se divulgó la malversación de 130 millones de colones (alrededor de 15 millones de dólares) en el Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR), en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y en la Corporación Salvadoreña de Inversiones (CORSAIN). El caso quedó en el olvido.
1.4 Fraude en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)
En julio de 1995, se dio una orden de captura para Romeo Majano, director del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), y contra otros cuatro directivos de dicha institución, en base a 14 auditorías de examen especial de la Corte de Cuentas, que reveló la compra de seguros de vida en forma fraudulenta, estafa en la adjudicación de medicamentos (a través de una empresa fantasma) y peculado por un monto de 21 millones de colones (2.4 millones de dólares)
En abril de 1998, un juez dejó en libertad a los imputados porque supuestamente no se logró establecer el delito. Antes, Majano había huido al exterior. Al final, ningún directivo fue juzgado y el Estado no recuperó el dinero que le habían sustraído.
1.5 Malversación en el Fondo de Inversión Social (FIS)
En el año 1995, un informe de auditoría de la Corte de Cuentas responsabilizó al Consejo de
Administración del FIS de haber utilizado ilegalmente 18 millones 87 mil colones (10 millones de dólares). Según el informe, un número importante de empleados y de altos ejecutivos del FIS recibieron desproporcionados aumentos a sus salarios antes de renunciar, razón por la cual recibieron exorbitantes indemnizaciones económicas, algunos de ellos de más de 800 mil colones (92,000 dólares). El informe reveló que un estudio de las nóminas de empleados permitía observar que algunos de los que se “retiraron” fueron re contratados el mismo día a petición de la Presidenta del FIS, Norma de Dowe.
En medio del escándalo, la señora de Dowe renunció. Sin embargo, ni ella ni los ejecutivos beneficiarios de la malversación fueron sometidos a la justicia. Los imputados quedaron libres y el dinero no fue reintegrado al Estado.
1.6 Fraude en el Banco de Fomento Agropecuario (BFA)
Entre los años 1995 y 1999, hubo un fraude en el BFA por un monto de 138.6 millones de colones (alrededor de 16 millones de dólares). Por el hecho fuero acusados el presidente del BFA, Raúl García Prieto y otros altos funcionarios del banco, a quienes se acusó de comprar el ingenio El Carmen por 59 millones de colones y sin poner dinero de garantía. También se les acusó de haber realizado la venta a través de maniobras financieras. Al ex presidente del BFA se le acusó de favorecer la negociación desde su cargo.
La Cámara 2a. de lo Penal luego exoneró de cargos, en forma definitiva, a Enrique Rais, Ruth
Salazar Campos, Héctor Cristiani, Luis Omar Cruz Guevara, Ricardo Rivera Villalta y Raúl
Castellón Lemus, acusados por delitos de defraudación a la economía pública, negociaciones ilícitas y asociaciones ilícitas.5 García Prieto, quien fue condenado, está prófugo.
1.7 Malversación en la Federación Nacional de Futbol (FEDEFUT)
En septiembre de 1999, la Corte de Cuentas anunció un faltante de fondos en la FEDEFUT por un monto de 35 millones de colones (unos 4 millones de dólares). El principal implicado era el ex presidente de esa institución, Juan Torres.
La Fiscalía emprendió una causa judicial. Demandó a los ex-directivos de la FEDEFUT por peculado, malversación de fondos, administración fraudulenta, falsedad documental agravada, negociaciones ilícitas, uso de documentos falsos y apropiación indebida. También demandó a dos funcionarios de la Corte de Cuentas por actos arbitrarios. Después de varios años de tratar el caso, el poder judicial exoneró a los implicados y cerró el caso. El Estado perdió el dinero.
1.8 Estafa de una institución financiera
En 1997 se detectó una estafa de 100 millones de colones (11.5 millones de dólares) de la empresa Crediclub, por la desviación de los fondos captados hacia actividades nunca esclarecidas. La empresa quebró y en julio de 1999 tomó 1,200 millones del BCR (138 millones de dólares) para cubrir el agujero financiero, al 1% anual y a 2 años plazo.
En septiembre de 2001, el Juzgado 6o. de Instrucción de San Salvador liberó de responsabilidad penal a 18 personas acusadas de estafa y defraudación a la economía pública. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por medio de la Sala de lo Penal, reiteró el fallo de dos tribunales a favor de los procesados.8 El plazo de 2 años para pagar el préstamo del BCR expiró en el 2001, pero el BCR no ha recuperado plenamente el dinero público.
1.9 Fraude a la economía pública por parte de dos instituciones financieras
El 3 de julio de 1997, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) intervino las sociedades financiera FINSEPRO e INSEPRO. La Fiscalía General de la República determinó que el señor Roberto Mathies Hill y otros miembros de las Juntas Directivas de dichas instituciones habían cometido el delito de defraudación de la economía pública, por un monto que podía llegar a 500 millones de colones (57.5 millones de dólares).
El fraude consistió en que FINSEPRO, institución autorizada por la SSF, remitía a sus clientes hacia las instalaciones de INSEPRO, no autorizada por la SSF, la cual les prometía intereses más altos y seguridad en sus ahorros. INSEPRO captaba depósitos ilegalmente y daba a cambio cheques pagaderos en otros bancos, muchos de los cuales carecían de respaldo.
El monto final del fraude fue estimando en 1,268 millones de colones. El estado asumió el pago de700 millones a los ahorrantes (80.5 millones de dólares). El señor Hill estuvo varios años preso. Luego fue absuelto, pero el Estado no recuperó el dinero.
1.10 Malversación de recursos de una Financiera
En enero 1999, los accionistas del Banco de Crédito Inmobiliario (CREDISA), liquidaron la institución tras comprobar pérdidas por más de 72 millones de dólares. CREDISA fue adquirida por varios bancos privados. Pero como estaba quebrada, el BCR le inyecto 1,239 millones de colones (142.5 millones de dólares), mediante una línea de crédito con un interés anual de 1% y por un plazo de pago de 2 años. Hasta junio de 2007 se había cancelado el 18.9% del capital adeudado, a pesar de que el plazo de pago expiró hace seis años.
1.11 Licitaciones amañadas en el Ministerio de Obras Públicas (MOP)
En los años 1998.-2001, el Ministerio de Obras Públicas realizó adjudicaciones de obras de forma amañada y aumentó los costos de construcción en un 70.8%, en las Carretera Litoral, de Pto. La Libertad hacia Acajutla, la Carretera El portezuelo-Atiquizaya-Las Chinamas-El Jobo y el PuenteCuscatlán. El monto adjudicado fue de 332 millones de colones (38 millones de dólares). Ninguna autoridad fue investigada ni sancionada por el hecho.
1.12 Malversación de recursos en el Ministerio de Hacienda
En 1999, la Secretaría Técnica de Financiamiento (SETEFE), adscrita al Ministerio de Hacienda, desvió 10 millones de colones (1.1 millones de dólares), que eran parte de un paquete de ayuda destinada a los afectados por la tormenta “Mitch” y que le fueron entregados a la Asociación de Productores Agrícolas (APROAS), integrada por ex patrulleros que sirvieron a la Fuerza Armada durante el conflicto armado.
El desvío de fondos se hizo con la autorización del ex presidente Armando Calderón Sol, en plena campaña electoral y, según revelaron miembros de APROAS, con la petición expresa a los ex patrulleros de apoyar al candidato presidencial del partido ARENA en la elecciones de 1999, señor. Francisco Flores.
La UCA señaló que “a partir de las revelaciones que varios de los implicados han hecho a los medios de comunicación, una cosa puede darse por cierta: importantes figuras de ARENA hicieron una negociación política con los ex patrulleros, a sabiendas de que eran tales, para lo cual, a cambio de apoyo electoral, utilizaron recursos que no eran del partido. Y es que, independientemente de si se trataba de fondos propios del Estado o de fondos provenientes de la cooperación internacional, el punto es que esos recursos no eran patrimonio de ARENA, por lo cual no podían ser usados para comprar apoyo electoral.”
El caso quedó en la impunidad, pues nadie fue investigado ni sancionado. El dinero quedó encubierto como gasto de la partida secreta de la Presidencia.
1.13 Fraude a la economía pública por parte de ONG y de institución pública
En 1999, la ONG progubernamental, PROCADES, desvió 40 millones de colones (4.6 millones de dólares) que una ONG sueca llamada Rada Barnen había aportado para un proyecto de viviendas para familias pobres. El desvío de fondos se hizo con la complicidad de las autoridades del Fondo Nacional para Vivienda Popular (FONAVIPO), que es una institución pública.12 El dinero se perdió y nadie fue capturado ni juzgado.
1.14 Tráfico de influencias y conflictos de intereses en el Ministerio de Economía
En el año 2000, el Ministerio de Economía permitió la importación, libre de aranceles, de desperdicios de pilas y otros insumos para la fabricación de baterías. La decisión la tomó el
Ministro Miguel Lacayo, Presidente de la empresa “Baterías de El Salvador”, la única que fabricaba baterías en el país.13 El valor de las importaciones fue de 350 millones de colones (40.2millones de dólares). Tal medida se aprobó sin el aval de la Asamblea Legislativa, que es el Órgano del Estado encargado de “decretar impuestos”.14 Tal medida, declarada inconstitucional por La Corte Suprema de Justicia, le ocasionó pérdidas de ingresos al fisco.
1.15 Robo de abono donado por el gobierno de Japón
En el año 2001, los medios de prensa informaron que se habían perdido 11,000 quintales de fertilizantes donados por el gobierno de Japón para los damnificados de los terremotos de ese año. La auditoria Interna del BFA determinó el hecho.
El embajador japonés en El Salvador, Saburo Yuzawa, lamentó el robo e instó a la Policía y a la Fiscalía a que identificaran a los responsables. La Fiscalía determinó que el 23% de la donación había sido trasladada a las bodegas de la Unión de Importadores de Fertilizantes (UNIFERSA), de capital privado y en la que participan accionistas como el ex presidente Alfredo Cristiani y el ex ministro de Hacienda, Ricardo Montenegro.15 Sin embargo, el hecho quedó impune.
1.16 Irregularidades en contrato de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa
(CEL) con la empresa Nejapa Power
En el año 2000, el Superintendente General de Electricidad y Comunicaciones, Ernesto Lima Mena, señaló que las condiciones del contrato suscrito por la empresa estatal, CEL, con la empresa de capital estadounidense, Nejapa Power, colocaban al Estado en una situación desventajosa, pues para CEL implicaba un costo adicional de 215 millones de colones (24.7 millones de dólares) anuales por un período de 15 años, que era el plazo estipulado en el contrato. Funcionarios de CEL también dijeron que la venta de las generadoras térmicas de electricidad se hizo en condiciones ventajosas para los compradores, al extremo de que la CEL debe pagar hasta por la energía no producida en las plantas de generación térmica privatizadas.
1.17 Fraude a la economía pública en la Asociación nacional de Acueductos y Alcantarillados(ANDA)
En el año 2003 se conoció que el presidente de ANDA, Carlos Perla, y otros funcionarios de esa institución, estaban involucrados en un desfalco de 875 millones de colones (100 millones de dólares), por manipulación en las licitaciones y contratos de la empresa autónoma.17
Perla huyó hacia Francia, donde fue capturado y devuelto a El Salvador. Actualmente enfrenta un proceso judicial.
1.18 Fraude a la economía pública y lavado de dinero por parte de empresa financiera
El 19 de julio de 2004 se conoció el fraude cometido por los Inversionistas de Operaciones
Bursátiles de Centroamérica (OBC), con un monto de 6.3 millones de dólares. La empresa realizó una captación ilegal de fondos y cometió irregularidades en el manejo y administración de las inversiones.18 Un total de 400 personas fueron estafadas.
Uno de los socios fundadores de la empresa es Mauricio Sandoval, ex Director de la Policía
Nacional Civil durante el gobierno de Francisco Flores. Hasta la fecha el caso se mantiene estancado en el juzgado Séptimo de Instrucción, debido a la fuga de los dos principales implicados.
1.19 Adjudicación ilegal de medicamentos por parte del Director del ISSS
En el año 2005, el Director del ISSS, Mariano Pinto, y el Consejo Directivo de esa institución incurrieron en el delito de Negligencia Administrativa, al adjudicar de manera irregular una licitación de medicamentos por 1.4 millones de dólares.19 El señor Pinto renunció, pero todavía laCorte de Cuentas tiene en sus manos el proceso.
1.20 Irregularidades en el Centro Nacional de Registro (CNR)
En el año 2005, la Contraloría General de la República señaló irregularidad en el uso de poco más de 1 millón de dólares de un préstamo de 50 millones del proyecto “Chambita Medidor Fase I”, ejecutado por el CNR, cuando era dirigido por el actual Fiscal General de la República, Félix Garrid Safie. El préstamo se utilizó para contratar a varios funcionarios con altos salarios. También hubo irregularidades con las empresas encargadas del proyecto.20 La Corte de Cuentas está investigando.
1.21 Irregularidades en el Ministerio de Obras Públicas (MOP)
En diciembre de 2006 se hizo público un informe de auditoria preliminar de la Corte de Cuentas, en el que se señalan irregularidades en las cuentas del MOP por 40.3 millones de dólares. También se mencionan procedimientos indebidos en licitaciones de caminos rurales y se habla de una falta de supervisión en obras calificadas como de “mala calidad”. Las irregularidades ocurrieron durante la ejecución del proyecto “Caminos Rurales Sostenibles fase I”, en el año 2004.
El ex ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, tiene abierto un proceso en su contra por el
caso. Los señalamientos de la Corte de Cuentas también incluyen a la gestión del ministro anterior, José Ángel Quirós.
La Corte también tiene un proceso en juicio por el mismo proyecto de Caminos Rurales, por una auditoria del período que va del 1ro enero y al 31 de diciembre de 2005, donde se establecen 11 irregularidades en el manejo de más de 13 millones de dólares en la construcción de los tramos de las calles Chapeltique-San Francisco Gotera, Santa Elena-Jucuapa, La Cofradía-San Alejo y San Pedro Nonualco-Santa María Ostuma.
¿QUÉ ES ARENA?
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) es un partido político salvadoreño conservador en lo político, y neoliberal en lo económico, que gobierna El Salvador desde 1989. Fue fundado en los años 1980 por Roberto D'Aubuisson, quien fue mayor del ejército salvadoreño y fundador de los escuadrones de la muerte; además de ser el autor intelectual de la muerte de Monseñor Oscar Arnulfo Romero en el Informe "De la Locura a la Esperanza", de la Comisión de la Verdad, entidad que se formó con posterioridad a la finalización del conflicto, para investigar crímenes cometidos contra la población civil.
Por su fuerte línea anticomunista, ARENA tuvo el apoyo de algunos miembros del Partido Republicano de los Estados Unidos, como el ex-senador estadounidense Jesse Helms, quien apoyó a D'Aubuisson en el proceso de desarrollo del partido.
Durante la década de los 80, se acusó a miembros del partido de participar en la organización y financiamiento de los escuadrones de la muerte (comandos paramilitares de ultraderecha) que produjeron masacres y crímenes contra población civil. Un escándalo sacudió al partido en 1986 cuando Orlando Llovera Ballette e Isidro López Sibrián, personas vinculadas al líder arenero Roberto d'abuisson fueron juzgados y condenados por el secuestro de varios empresarios. En 1989, durante los primeros meses del gobierno de ARENA fue asesinado, el jesuita defensor de los derechos humanos Ignacio Ellacuría y otros cinco compañeros sacerdotes.
Dada la política de gobierno conservador, El Salvador mantiene buenas relaciones con gobiernos afines tal como los Estados Unidos. Uno de sus "mayores logros" en el año 2006 fue una extensión de programa de permiso de trabajo temporal (TPS, por sus siglas en inglés), así como la aprobación del tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y los países centroamericanos, siendo este un paso para concretar el proyecto del Tratado de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Los detractores del partido ARENA cuestionan la total fidelidad del partido al modelo económico neoliberal.
Por su fuerte línea anticomunista, ARENA tuvo el apoyo de algunos miembros del Partido Republicano de los Estados Unidos, como el ex-senador estadounidense Jesse Helms, quien apoyó a D'Aubuisson en el proceso de desarrollo del partido.
Durante la década de los 80, se acusó a miembros del partido de participar en la organización y financiamiento de los escuadrones de la muerte (comandos paramilitares de ultraderecha) que produjeron masacres y crímenes contra población civil. Un escándalo sacudió al partido en 1986 cuando Orlando Llovera Ballette e Isidro López Sibrián, personas vinculadas al líder arenero Roberto d'abuisson fueron juzgados y condenados por el secuestro de varios empresarios. En 1989, durante los primeros meses del gobierno de ARENA fue asesinado, el jesuita defensor de los derechos humanos Ignacio Ellacuría y otros cinco compañeros sacerdotes.
Dada la política de gobierno conservador, El Salvador mantiene buenas relaciones con gobiernos afines tal como los Estados Unidos. Uno de sus "mayores logros" en el año 2006 fue una extensión de programa de permiso de trabajo temporal (TPS, por sus siglas en inglés), así como la aprobación del tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y los países centroamericanos, siendo este un paso para concretar el proyecto del Tratado de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Los detractores del partido ARENA cuestionan la total fidelidad del partido al modelo económico neoliberal.
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